La vía de los hechos

En este país llamado España, se utiliza con demasiada frecuencia la vía de los hechos para realizar acciones que podrían chocar contra la legislación. Entre una administración que se cree plenipotenciaria y unos administrados que piensan más en lo que podrán perder mañana que en lo que ganarían hoy, y desde hoy para siempre, resulta habitual que las administraciones tomen decisiones sin analizar lo que la ley contempla al respecto.

Nos encontramos en un país en el que una autonomía, como la Comunidad Valenciana, puede ordenar el uso fuera de indicación de un medicamento para el tratamiento de una patología que tiene autorizado un fármaco eficaz. Igualmente, esa misma autonomía puede decidir fabricar un medicamento a pesar de que ese mismo principio activo y dosis está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) en formato comercial. Y por último, nos encontramos a esta misma agencia teniendo actuaciones muy dudosas legalmente sobre diversas vacunas.

Hace unas semanas comentaba en esta misma columna que los primeros que deberían defender la legalidad deberían ser las administraciones públicas. Es más, deberían ser los últimos en cruzar al otro lado. Pero visto lo visto tanto en estos casos como en otros muchos, parece ser que el sino de la Sanidad es acabar de forma habitual en los tribunales, siempre que el administrado se empeña en defender sus intereses, que no siempre ocurre.

 

 

Publicado en El Global el 13 de septiembre de 2013